“TIERRA VIVA” DEMANDÓ AL MUNICIPIO POR LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE APLICACIÓN DE AGROQUÍMICOS
El colectivo ambiental Tierra Viva anunció la presentación de una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires contra el municipio de Bolívar. La acción judicial cuestiona la modificación de la ordenanza 2459/17, que regulaba el uso de agroquímicos en el partido.
“CIUDADANOS DE PRIMERA Y DE SEGUNDA”
En conferencia de prensa, Mónica González, integrante del colectivo, expresó que la reciente reforma aprobada por el Concejo Deliberante —a través de la ordenanza 2999/24— suspendió artículos clave que protegían a las poblaciones rurales del uso de agroquímicos. “Se deja desprotegidas a amplias áreas del partido de Bolívar, estableciendo ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”, afirmó.
La ordenanza original establecía distancias mínimas de mil metros para las fumigaciones terrestres y dos mil para las aéreas en cercanías de zonas urbanas, escuelas rurales, viviendas, cursos de agua y pozos de bombeo. Con la nueva normativa, esas distancias quedaron sin efecto en la mayoría del distrito, excepto en el ejido urbano de San Carlos de Bolívar.
UNA ORDENANZA REGRESIVA E INCONSTITUCIONAL
Fernando Cabaleiro, abogado patrocinante del colectivo, explicó que la demanda solicita la declaración de inconstitucionalidad de la nueva ordenanza. “Viola el principio de progresividad ambiental, que impide retroceder en estándares de protección ya adquiridos”, argumentó.
Cabaleiro detalló que la ordenanza derogada era una de las más avanzadas de la provincia, ya que se había redactado con base en estudios científicos de universidades públicas y del CONICET. “Se trata de una cuestión de salud pública. La exposición crónica a agrotóxicos está científicamente asociada a riesgos genéticos, sobre todo en niños y niñas”, advirtió.
LA DEMANDA INCLUYE UNA MEDIDA CAUTELAR
La presentación judicial contempla además una medida cautelar para que se suspenda de inmediato la aplicación de la ordenanza 2999/24. El abogado reconoció que la resolución puede demorar, ya que la Suprema Corte no está integrada actualmente en su totalidad, pero se mostró optimista en cuanto al fondo de la cuestión: “Tenemos antecedentes favorables, como el fallo de Alberti, donde la Corte aplicó el principio precautorio”.
FALLO DE PEHUAJÓ Y SOSPECHAS DE EFECTO CASCADA
Cabaleiro también cuestionó un reciente fallo del Juzgado Federal de Pehuajó que avaló una ordenanza con una distancia mínima de solo 300 metros. “Ese juzgado tiene jurisdicción en Bolívar, y cuando evaluó otras ordenanzas de su área, reconoció que la de Bolívar era la más protectora, pero no la tuvo en cuenta. Eso generó mucho ruido”, señaló.
El abogado sugirió que la modificación en Bolívar puede haber sido alentada por ese fallo. “Nos dio la sensación de que se aprovechó ese fallo para avanzar contra la ordenanza de mil metros. Pero es una interpretación que va contra la jurisprudencia consolidada de la Corte bonaerense”.
“FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA Y DIÁLOGO ROTO”
González, por su parte, lamentó la falta de implementación de la ordenanza original, incluso en aspectos básicos como la instalación de barreras vegetales en las escuelas rurales. “En siete años no se colocó una sola barrera vegetal. Eso muestra negligencia y falta de voluntad política”, criticó.
También relató que el colectivo intentó dialogar con funcionarios municipales y concejales, especialmente para modificar un artículo vinculado a la forma de calcular las multas. “Mientras nos consultaban por eso, en paralelo trabajaban en la suspensión de los artículos más importantes. A partir de ahí, el diálogo se cortó”.
UN DEBATE QUE SIGUE ABIERTO
El colectivo Tierra Viva insistió en que la demanda no busca frenar la actividad agrícola, sino fomentar una forma de producción compatible con la salud humana y el ambiente. “La naturaleza ya está dando señales. No querer verlas es una decisión política. Pero los datos indican que este modelo es insostenible”, concluyeron.
