SE PRESENTA EN BOLÍVAR EL 19º INFORME ANUAL SOBRE CÁRCELES Y POLÍTICA CRIMINAL DE LA C.P.M.

Parte de prensa – Será este jueves 20 de noviembre a las 17 horas en la biblioteca Alcira Cabrera. El diagnóstico, que el organismo lleva 20 años realizando a partir de un monitoreo sostenido de lugares de encierro, políticas de seguridad, salud mental, niñez y del despliegue policial en la provincia de Buenos Aires, ya se presentó en La Plata y Mar del Plata y ahora llega a esta localidad donde se radicó también una delegación local que trabaja en el programa de inspecciones.

“El sistema de la crueldad” cuenta de prácticas estatales ilegales y violentas que derivan de la orientación de la política criminal y que configuran graves violaciones a los derechos humanos. En esta edición dan cuenta del aumento de la cantidad de personas detenidas, la sobrepoblación y las muertes por problemas de salud no asistidos en cárceles bonaerenses. También se incrementaron los casos de uso letal de la fuerza policial y la cantidad de menores de 16 años detenidos.

Como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura En 2024 el organismo realizó 866 inspecciones en cárceles, comisarías, alcaidías, centros de detención de jóvenes, hogares de niñez, hospitales de salud mental y comunidades terapéuticas; y casi 48.000 entrevistas o comunicaciones con víctimas de violencia estatal que denunciaron, al menos, 80.635 hechos de violaciones a los derechos humanos. La delegación de la CPM que funciona en Bolívar realiza concretamente sus monitoreos en las unidades de la zona: la UP 17 de Urdampilleta y la 30 de General Alvear.

Entre 2020 y 2024 se construyeron 6000 nuevas plazas en el encierro, pero el sistema creció en casi 13.000 nuevos detenidos. La sobrepoblación produce hacinamiento y genera condiciones de vida inhumanas: las personas detenidas no tienen acceso a la salud ni pueden alimentarse de manera adecuada. La respuesta a estos problemas fue el inicio de un plan de construcción de cárceles y alcaidías. Desde hace más de 20 años, todos los gobiernos implementan una política criminal asentada en las premisas del punitivismo, la mano dura y la saturación policial de los territorios sostenidas en la práctica sistemática de la tortura, la deserción del poder judicial como garante de derechos y el endurecimiento regresivo de leyes procesales y penales.

Las fuerzas de seguridad saturan los territorios con más patrulleros y policías, más que prevenir el delito lo regulan y cumplen una función de gobierno o control de estas poblaciones. Los últimos datos informados por el Ministerio de Seguridad sobre aprehensiones son de 2023: la Policía Bonaerense realizó 671 aprehensiones diarias, es decir 28 por hora. Una cantidad que hace colapsar el sistema de encierro y genera condiciones para la vulneración de derechos.

El círculo se cierra sobre sí mismo en la justicia. La prisión preventiva, el juicio abreviado y la escasa aplicación de institutos liberatorios acorde a la ley son las herramientas principales en el sostenimiento de la política de encierro de la Provincia. Además la Justicia rechaza denuncias por torturas o muertes y consagra la impunidad, 9 de cada 10 causas sobre la actuación policial o penitenciaria son archivadas luego de una deficiente o nula investigación.

Esta política criminal produce muertes: en 2024 murieron 422 personas bajo custodia del Estado o por uso letal de las fuerzas de seguridad. La letalidad policial aumentó al igual que la gravísima situación de la salud penitenciaria que provoca muertes evitables.

En cuanto a las políticas de niñez el sistema de promoción y protección de derechos sigue reproduciendo y agravando mucho de lo que prometió cambiar. Cuando fallan estas políticas de prevención el Estado llega con estrategias represivas que incluyen el encierro cada vez a más temprana edad. En marzo de 2025 el 14% del total de niños y jóvenes privados de libertad en centros cerrados eran no punibles. Los centros de detención del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia se parecen cada vez más a las cárceles para adultos.

Con relación a las políticas de salud mental la peor situación se detecta en las clínicas neuropsiquiátricas privadas donde la adecuación a la ley de salud mental suele ser muy deficiente, en parte por la desidia o ausencia de controles del Ministerio de Salud. En el extremo más cruel de este sistema están las comunidades terapéuticas para el tratamiento de adicciones. Muchas funcionan con habilitaciones provisorias y otras directamente en la clandestinidad.

Como cada año, el informe expone un diagnóstico detallado de lo que pasa y por qué pasa, denuncia las graves violaciones a los derechos humanos que derivan de la aplicación de las políticas de mano dura como única orientación de la política criminal. El informe no es sólo un documento de denuncia, sino un insumo para la intervención del Estado en materia de protección y garantía de derechos.