LA OPOSICIÓN DENUNCIÓ QUE EL LUGAR ALQUILADO PARA LA SUB DDI DEBE $ 1.400.000 EN TASAS Y EL OFICIALISMO LO JUSTIFICÓ

Durante la sesión del miércoles 9 en el Honorable Concejo Deliberante de Bolívar, se generó un cruce entre concejales del oficialismo y la oposición en torno al proyecto de ordenanza para renovar el contrato de alquiler del inmueble donde actualmente funciona la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI). El eje del debate giró en torno a una deuda de tasas municipales que supera el millón de pesos y que, según los ediles de Juntos, debió ser retenida del pago de los alquileres.

El concejal Luciano Carballo Laveglia fue quien marcó el tono crítico al señalar que, desde hace dos años, su bloque viene solicitando el libre deuda del inmueble alquilado por el municipio. “La propiedad donde funciona la Sub DDI debe 1.405.000 pesos en tasas. Nos parece una barbaridad que el municipio esté pagando alquiler a un vecino que tiene semejante deuda con el mismo Estado municipal”, sostuvo. Y agregó que, si bien en esta ocasión el contrato es por solo tres meses, en la práctica lleva ya cinco años de renovación continua sin que se haya regularizado la situación.

El edil también cuestionó la falta de respuesta a los pedidos de informe realizados en comisión y apuntó directamente contra la Dirección de Rentas: “Aquí hay un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Tendrían que haber empezado a retener los montos adeudados cuando se hacían los pagos”.

Por su parte, desde el oficialismo, el concejal Hernán Mansilla (Unión por la Patria) explicó que la deuda se originó por una pérdida de agua y que es el municipio quien debe emitir un decreto para condonarla. “No es un problema exclusivo del propietario. Se trata de un tema administrativo que el municipio debe resolver internamente. Está en vías de solución”, afirmó, aunque reconoció que el proceso no ha avanzado con la rapidez deseada.

Sin embargo, Carballo Laveglia retrucó con firmeza: “La deuda data de 2018. Si se trató de una pérdida, se podrían condonar dos o tres facturas, no cinco años completos. Si vamos a firmar decretos para condonar cualquier deuda, estamos saltando todas las ordenanzas. El propietario claramente dejó de pagar, y no es responsabilidad del municipio”.

La concejala Emilia Palomino también se sumó a las críticas desde Juntos, cuestionando el manejo de los tiempos legislativos: “Estos proyectos ya estuvieron en trabajo de comisión. No puede ser que las respuestas aparezcan recién el día de la votación. Eso es una falta de respeto al trabajo de comisión”.

Finalmente, pese al rechazo de todo el arco opositor, el expediente fue aprobado por 9 votos contra 8, ya que la edil Mónica Ochoa, quien ejerció la presidencia ante la ausencia de Franco Canepare, hizo valer su doble voto para definir la compulsa.