EL GOBIERNO NACIONAL DECLARÓ LA EMERGENCIA AGROPECUARIA EN BOLÍVAR Y OTROS 11 DISTRITOS
Foto de archivo
El Gobierno nacional declaró la emergencia y/o desastre agropecuario en 12 distritos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Bolívar, en el marco de las inundaciones que afectan a amplias zonas productivas del territorio bonaerense. La medida quedó oficializada este jueves con la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 1305/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo.
La decisión brinda un marco legal para que los productores rurales de las zonas anegadas accedan a beneficios impositivos y asistencia financiera. Según la norma, las explotaciones agropecuarias comprendidas podrán diferir obligaciones en impuestos como Ganancias y Bienes Personales, así como acceder a facilidades en créditos bancarios.
En el caso del partido de Bolívar, la declaración alcanza a las circunscripciones II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII, que fueron severamente afectadas por los excesos hídricos de los últimos meses. También se incluyó la circunscripción VIII de Tapalqué, que comparte límite con nuestro distrito.
La resolución establece el período de emergencia desde el 1° de marzo hasta el 31 de agosto de 2025, fecha fijada como finalización del ciclo productivo para las explotaciones alcanzadas. Para acceder a los beneficios, los productores deberán presentar el certificado de emergencia extendido por la autoridad provincial competente, que será el encargado de remitir los listados a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
La medida se sustenta en la ley nacional 26.509 y en el decreto reglamentario 1712/2009, y se apoyó en el decreto provincial 1180 firmado por la gobernación bonaerense el pasado 27 de mayo. Posteriormente, el 8 de agosto, la Comisión Nacional de Emergencias analizó la situación y recomendó formalmente la declaración.
Además, el texto instruye a bancos nacionales, oficiales o mixtos, y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a implementar los mecanismos necesarios para garantizar que los productores de las áreas inundadas puedan efectivamente gozar de los beneficios previstos.
