CONCEJALES DE “JUNTOS” SE DESPACHARON CONTRA LA GESTIÓN MUNICIPAL
En el marco de una extensa conferencia de prensa brindada este jueves, los concejales del bloque “Juntos “Emilia Palomino, Luciano Carballo Laveglia y Pablo Fabris, expusieron una serie de cuestionamientos hacia la gestión municipal de Bolívar, abordando temáticas vinculadas a medio ambiente, seguridad, infraestructura, salud, educación y administración de recursos públicos.
Uno de los puntos centrales fue la denuncia penal presentada contra el intendente municipal por presuntas irregularidades en el manejo de efluentes cloacales. La presentación, que incluyó pruebas documentales y audiovisuales, fue recibida por la fiscalía federal especializada, que ya inició una investigación para determinar responsabilidades dentro del Ejecutivo, en el marco de un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público.
También se hizo foco en la creciente preocupación por la seguridad. Desde el bloque señalaron que en el último año se han realizado más de 15 allanamientos con resultados positivos, pero remarcaron que Bolívar aún depende de la ciudad de Azul para operativos de narcotráfico, a diferencia de otros municipios que cuentan con delegaciones propias. Ante esta situación, insistieron en la necesidad de gestionar una subdelegación de la división de drogas ilícitas que funcione de forma permanente en Bolívar, algo que plantearon también en la sesión de ayer.
Además, cuestionaron la falta de planificación y estrategia en el uso de los fondos del Plan de Fortalecimiento de la Seguridad. Bolívar recibió un primer desembolso en abril y se esperan dos más en junio y octubre, totalizando una inversión provincial de aproximadamente 50 millones de pesos. Según expresaron, no hay información clara sobre cómo serán aplicados estos recursos y subrayaron la necesidad de una estrategia que incluya prevención, equipamiento y fortalecimiento de recursos humanos.
Algo que también marcaron como una “preocupación importante” fue “la falta de transparencia y respuestas” ante los pedidos de informes realizados por el bloque. Se señaló que varias solicitudes, como las vinculadas a la tasa vial, no han sido respondidas, y otras quedaron archivadas por el paso del tiempo. En este sentido, volvieron a requerir información detallada sobre la recaudación del primer trimestre del año por la tasa vial, dado que se ejecutaron 263 millones de pesos sin que se observen mejoras significativas en la red de caminos rurales.
Aseguraron que la falta de inversión en infraestructura vial impacta directamente en otros sectores, como la seguridad y la educación. Indicaron que la patrulla rural debe transitar caminos en mal estado, lo que complica su labor, y también se ve afectado el traslado de estudiantes y docentes. Según el bloque, en 2023 se subejecutaron 1.440 millones de pesos del fondo destinado a vialidad rural, lo cual generó un pedido de explicación sobre el destino final de esos recursos.
En materia de salud, señalaron que el hospital de Bolívar enfrenta sobrecarga debido a la atención de pacientes de localidades vecinas. A esto se suma la falta de recursos básicos en comisarías, como papel, toner o combustible, que también obstaculizan el funcionamiento de servicios esenciales.
En lo educativo, advirtieron sobre el deterioro de las escuelas, pese a la llegada de fondos específicos. En particular, mencionaron el caso de la Escuela Primaria 1 y la Secundaria 10, donde los problemas edilicios y las filtraciones fueron denunciados con anticipación pero no atendidos a tiempo. Se recordó que en 2023 Bolívar recibió 923 millones de pesos del Fondo Educativo y aún así persisten problemas graves en la infraestructura escolar.
También se hizo referencia al gasto en horas extras, comparando que el área de Protección Ciudadana tiene asignados 380 millones de pesos, mientras que el hospital recibe 350 millones, planteando dudas sobre las prioridades presupuestarias.
Desde el bloque también presentaron un proyecto de ordenanza para prohibir la contratación de familiares directos de funcionarios en primer y segundo grado, alegando que se han detectado más de 70 casos en la planta municipal. Según explicaron, la propuesta busca adaptar los principios de la ley de ética pública a la gestión local.
En cuanto a la situación ambiental, se presentó una iniciativa para implementar centros de clasificación de residuos, con el objetivo de aliviar la carga sobre el basural a cielo abierto, que actualmente está colapsado. Aseguraron que el proyecto requiere una inversión mínima y podría extenderse a las localidades del partido.
Por último, se planteó que la gestión actual carece de coordinación en áreas críticas como salud, seguridad y educación. En relación con el abordaje de consumos problemáticos, expresaron que es necesario integrar esfuerzos entre distintas áreas municipales para prevenir y asistir a personas afectadas, evitando que estos casos deriven en problemas mayores o en patologías severas.
Como ejemplo de gestión eficiente, citaron el caso de Trenque Lauquen, una ciudad que, pese a no estar históricamente alineada políticamente con la Provincia, logró implementar políticas públicas exitosas en múltiples áreas. Por último, señalaron que Bolívar enfrenta una estructura municipal “muy pesada”, que necesita ser optimizada para mejorar la asignación de recursos y garantizar el bienestar de sus habitantes.
