PROBLEMAS DE TRANSPORTE A “LA 14”: CONSEJEROS ESCOLARES AFIRMARON QUE HUBO DOCUMENTACIÓN QUE “NO SE ENVIÓ EN TIEMPO Y FORMA”

Luego de las manifestaciones que realizaron integrantes de la comunidades educativas de “La Vizcaína”, es decir, Primaria 14, Secundaria 7 y JIRIMM 6, los miembros del Consejo Escolar brindaron una conferencia de prensa en la que expusieron su visión de la problemática y dejaron entrever alguna desavenencias entre el trabajo de ese órgano y el de la Jefatura Distrital de Educación.

Rosana Sánchez, presidenta del Consejo Escolar, explicó que, en cuanto al transporte, se había otorgado una prórroga por marzo y abril, pero de los siete recorridos previstos para estas zonas, cinco no pudieron llevarse a cabo, y dos quedaron desiertos debido a que los proveedores no aceptaron continuar. La situación se complicó aún más debido a que la solicitud de recorridos alternativos, presentada el año pasado, no fue aprobada por la Provincia.

Sánchez detalló que el principal obstáculo actual es la condición de los caminos, agravada por las inundaciones, pero también subrayó la falta de transportistas. A pesar de que los caminos en algunos casos ya se encuentran en condiciones adecuadas para el tránsito, no hay suficiente personal que pueda realizar los recorridos. Además, destacó que el 1 de mayo se implementará la nueva nómina para 2025, pero aún no se ha aprobado la planilla correspondiente, que fue enviada a finales de abril con retraso.

La causa del retraso en la firma de las planillas, según explicó, se debió a la revisión exhaustiva de cada solicitud de transporte por parte de Jefatura Distrital. A pesar de que el 14 de febrero se había solicitado la documentación, las planillas solo fueron firmadas a finales de marzo, lo que generó un retraso en el proceso. Sánchez también aclaró que las planillas de 2024 estaban aprobadas para cubrir los primeros meses del año, pero que las nuevas planillas, revisadas por la Distrital, no fueron enviadas a tiempo.

Marina Bobbio, quien se encarga de la geolocalización y la tramitación de los recorridos, explicó que el trabajo de armado y ajuste de los recorridos lleva tiempo, ya que implica cambios en las rutas y precios, además de ajustes en el seguro. También mencionó que las nuevas disposiciones de La Plata, emitidas a fin de año, complicaron el proceso. A pesar de estos desafíos, insistió en que la falta de tiempo para enviar las planillas completas y el manejo centralizado de la Provincia complican la situación.

En relación a las dificultades del transporte, Bobbio destacó que los recorridos deben adaptarse a las exigencias provinciales, lo que a veces implica modificaciones costosas. Aunque los precios del transporte no han variado significativamente, las nuevas disposiciones han obligado a realizar ajustes en los recorridos y tiempos, lo que ha retrasado aún más la resolución del problema.

La problemática del transporte escolar en la región afecta a varios distritos, no solo a Bolívar. Muchos transportistas, como uno de los casos mencionados, enfrentan dificultades para organizar sus recorridos debido a la falta de planillas aprobadas por las autoridades provinciales. A pesar de que la situación se extiende a otras zonas, los reclamos no se resuelven rápidamente, ya que la respuesta de la provincia es lenta y la comunicación es ineficiente. Esto se agrava por la falta de conocimiento de las autoridades sobre las condiciones rurales, lo que dificulta la implementación de soluciones efectivas para los caminos y el transporte.

A nivel local, la comunidad educativa de la Escuela 14 ha expresado su frustración por la situación. La falta de un recorrido regular afecta a un gran número de chicos, y aunque se propuso una solución temporal con una combi del municipio, la capacidad de este vehículo es limitada y no cubre a todos los estudiantes que necesitan el transporte. La combi, aunque cumple con los requisitos legales, tiene espacio para solo 19 estudiantes, lo cual es insuficiente para cubrir la demanda en una zona rural con más de 100 alumnos. Por ello, se plantean dudas sobre la viabilidad de esta solución a largo plazo.

En cuanto a las gestiones realizadas por las autoridades locales, se menciona que hubo intentos de resolver el problema mediante la comunicación con la provincia, pero los tiempos de respuesta siguen siendo un desafío. A pesar de las gestiones realizadas el año anterior, como el reconocimiento del 50% de los pagos a transportistas durante situaciones climáticas adversas, las soluciones continúan siendo parciales y no satisfactorias para todas las partes involucradas. Además, la falta de claridad sobre los plazos para la aprobación de licitaciones agrava la incertidumbre de los transportistas.

El trabajo conjunto entre los directores de las escuelas, los inspectores y las autoridades locales es clave para coordinar el transporte en la región. Aunque algunos padres sugieren alternativas, como el uso de vehículos del municipio, las decisiones deben tomar en cuenta las normativas provinciales y la capacidad real de los vehículos disponibles. Esto requiere un esfuerzo coordinado entre distintas partes del gobierno y las instituciones educativas para encontrar soluciones adecuadas y sostenibles.

En este contexto, se señala la necesidad de un análisis más profundo sobre el sistema de transporte, especialmente para aquellos estudiantes que deben asistir a escuelas secundarias en zonas rurales. A pesar de las dificultades, la comunidad educativa sigue buscando respuestas y soluciones a través del diálogo con las autoridades, con el objetivo de mejorar la accesibilidad al transporte escolar para todos los estudiantes.

Finalmente, se destaca que la situación del transporte escolar en Bolívar no tiene una solución inmediata y que, aunque se han hecho avances, todavía falta mucho por hacer. Las decisiones sobre la contratación de transporte, la aprobación de licitaciones y la asignación de recursos provinciales son procesos complejos que requieren tiempo y coordinación. Sin embargo, es evidente que la situación requiere mayor flexibilidad y trabajo en equipo entre las autoridades locales y provinciales para garantizar el acceso adecuado al transporte escolar para todos los niños y jóvenes de la región.