LA JUEZA ARROYO SALGADO CITÓ EL CASO JUAN WOLDRYK AL HABLAR DE LAS EXTORSIONES DESDE CÁRCELES
En el marco de la conferencia de prensa brindada este lunes para informar sobre la investigación por la muerte del soldado Rodrigo Andrés Gómez, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado recordó el caso del peón rural Juan Woldryk, desaparecido desde el 30 de marzo de 2022 mientras trabajaba en un establecimiento del partido de Bolívar.
La magistrada utilizó el expediente Woldryk como ejemplo concreto del funcionamiento de organizaciones delictivas que operan desde el interior de cárceles bonaerenses mediante teléfonos celulares. Según se acreditó judicialmente, el trabajador rural fue víctima de una maniobra de sextorsión organizada desde la Unidad Penal Nº 3 de San Nicolás.
En aquella causa, los investigadores determinaron que los internos obtenían material íntimo de sus víctimas y luego las chantajeaban con la amenaza de difundir ese contenido si no accedían a realizar transferencias de dinero. El mecanismo, basado en la presión psicológica y económica, se sostenía a través del uso sistemático de dispositivos móviles dentro de los penales.
La referencia al caso bolivarense se dio en el contexto de la presentación oficial de los resultados de la investigación que permitió desarticular una organización dedicada a estafas y extorsiones digitales, señalada como responsable de haber hostigado al soldado Gómez antes de su suicidio en la Quinta Presidencial de Olivos.
Durante la exposición, Arroyo Salgado remarcó que el uso de celulares en establecimientos penitenciarios, cuando no está debidamente regulado y controlado, se convierte en una herramienta central para la comisión de delitos. En ese sentido, se insistió en que “un celular en una cárcel es un arma”, aludiendo al alcance que pueden tener estas maniobras a nivel nacional.
La jueza explicó que tanto el caso Gómez como el de Woldryk evidencian el impacto devastador que generan estas prácticas, no solo en términos económicos sino también en el plano emocional y psicológico de las víctimas, sometidas a amenazas reiteradas y a una presión constante.
Finalmente, sostuvo que la difusión pública de estas investigaciones tiene como objetivo advertir a la sociedad sobre esta modalidad delictiva y prevenir nuevos hechos. Al mismo tiempo, planteó la necesidad de reforzar los controles en el sistema penitenciario para impedir que estructuras organizadas continúen operando desde el interior de las cárceles.
