REFORMA LABORAL PROPUESTA POR MILEI: LOS PRINCIPALES CAMBIOS QUE DEBATE EL SENADO
La Cámara de Senadores inició el debate del proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei, que propone modificaciones profundas en las relaciones de trabajo, el rol de los sindicatos y los mecanismos de contratación y despido. La iniciativa fue analizada en un plenario de comisiones con funcionarios nacionales y representantes empresariales y gremiales, mientras la CGT se movilizó a Plaza de Mayo en rechazo a la propuesta. El prestigio sitio Chequeado publicó un detalle de los principales puntos a tratar.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la flexibilización del esquema salarial. Se habilita el pago de sueldos en moneda extranjera y a través de billeteras virtuales, además de introducir la llamada “negociación dinámica”, que permite acordar ingresos adicionales —como bonos o premios— ligados a productividad u objetivos, por fuera del salario de convenio.
En materia de despidos, la reforma propone indemnizaciones más bajas, ya que excluye del cálculo conceptos como aguinaldo, vacaciones y premios. Además, fija un criterio de actualización por inflación más un 3% anual y permite el pago de sentencias laborales en hasta 12 cuotas. En paralelo, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema optativo similar al fondo de cese, financiado con un aporte del 3% del salario que se compensará con rebajas en cargas sociales.
El proyecto también introduce cambios en la organización del tiempo de trabajo. Se habilita el fraccionamiento de las vacaciones en períodos mínimos de 7 días y se crea un banco de horas para compensar horas extra con descansos o jornadas reducidas. Asimismo, se permite ampliar la jornada laboral hasta un máximo de 12 horas, siempre que exista acuerdo entre empresas y sindicatos.
Otro punto sensible es el derecho a huelga. La iniciativa amplía el listado de servicios esenciales, que deberán garantizar al menos el 75% de su funcionamiento, e incorpora una nueva categoría de “servicios de importancia trascendental”, con un piso del 50% de actividad durante medidas de fuerza. Entre ellos se incluyen sectores como transporte, educación, telecomunicaciones, agro, bancos y comercio electrónico.
En el plano sindical, la reforma establece que las asambleas y congresos de delegados no podrán afectar el normal funcionamiento de las empresas y requerirán autorización del empleador, sin goce de salario. Además, tipifica como infracciones muy graves los bloqueos y tomas, y flexibiliza el otorgamiento de personería gremial a sindicatos de empresa.
La propuesta también elimina la “ultraactividad” de los convenios colectivos, de modo que perderán vigencia al vencer su plazo, salvo en lo referido a condiciones de trabajo. A su vez, los convenios de ámbito menor —como los de empresa— pasarán a prevalecer sobre los generales, aun cuando resulten menos beneficiosos para los trabajadores.
Finalmente, el proyecto incluye un régimen de promoción del empleo formal y blanqueo laboral. Se prevén descuentos en contribuciones patronales por hasta cuatro años para quienes amplíen su plantel de trabajadores registrados, y un esquema de regularización para empleadores con personal no registrado, que contempla condonación de multas, beneficios penales y facilidades de pago.
