POLICÍA Y GRUPO GAD REALIZARON UN ALLANAMIENTO POR CARRERAS ILEGALES DE MOTOS
En el marco de una investigación por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría de San Carlos de Bolívar, dependiente de la Policía Departamental de Seguridad Bolívar, llevó a cabo tareas investigativas que derivaron en un allanamiento con resultados positivos.
La causa, instruida por la UFI N°15 Descentralizada de Bolívar, a cargo de la Dra. María Julia Sebastián del Departamento Judicial Azul, se inició tras la detección de un video difundido en redes sociales donde dos individuos realizaban maniobras peligrosas y pruebas de velocidad en motocicletas sobre la avenida Mariano Unzué, a la altura de las calles Capredoni y Danesa.
En las imágenes se observa a los motociclistas desplazándose a alta velocidad, en posiciones inadecuadas conocidas como “palito”, sin medidas de seguridad y poniendo en riesgo tanto su integridad como la de terceros, además de promocionar este tipo de conductas a través de plataformas digitales.


A partir del análisis de cámaras de seguridad municipales y privadas, y de las publicaciones en redes sociales, los investigadores lograron individualizar a uno de los conductores y establecer su domicilio en el barrio Pompeya. Con esta información y por disposición judicial, se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Capredoni y Basilio Casariego, operativo que se concretó de manera conjunta con personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), arrojando resultado positivo.
Durante la diligencia se procedió al secuestro de una motocicleta Honda Titan 150 cc de color negro, herramientas de mano, moto partes, una cadena de motovehículo, piezas plásticas, vestimenta coincidente con la observada en el video y un teléfono celular, todos elementos de interés para la investigación.
El procedimiento fue supervisado por la Fiscalía interviniente, que dispuso el procesamiento conforme al Código Procesal Penal, quedando el mismo a disposición del magistrado competente.
Las actuaciones se enmarcan en la lucha contra las denominadas “picadas” o carreras ilegales, prácticas que representan un grave riesgo para la seguridad pública y se encuentran penadas por la ley.

